Introducción

El análisis de la actualidad de las políticas de biodiversidad en España sitúa en el centro al Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en junio de 2024. Este nuevo instrumento normativo representa un cambio de paradigma en las políticas de conservación, protección y restauración de la naturaleza, al establecer objetivos vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea. Su aplicación plantea desafíos relevantes, entre los que destacan la necesidad de armonizarlo con el marco normativo existente y de coordinar su implementación en un contexto de competencias distribuidas entre distintos niveles de gobierno.

En el caso de España, el acervo normativo en materia de naturaleza y biodiversidad es amplio y cuenta con un largo recorrido. La complejidad no reside tanto en la ausencia de marcos regulatorios, sino en la coordinación entre múltiples sectores y escalas administrativas. En este contexto, durante la preparación de CONAMA 2024 se tomó como eje de análisis el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB), aprobado en 2022, que actúa como instrumento vertebrador de las políticas de biodiversidad en España y se alinea con los compromisos internacionales y europeos, estableciendo medidas orientadas a frenar el deterioro de los ecosistemas y avanzar en su restauración.

Actualmente, los Estados miembros se encuentran inmersos en la elaboración de los Planes Nacionales de Restauración de la Naturaleza, que deberán presentarse antes del 1 de septiembre de 2026. En esta fase, los procesos participativos, la disponibilidad y calidad de los datos, la identificación de mecanismos de financiación adecuados y la coordinación entre múltiples actores se configuran como algunos de los principales desafíos.

Entre enero y marzo de 2026, el MITECO desarrolló una consulta pública que recibió más de 26.500 respuestas, uno de los procesos de participación más amplios de la política ambiental española hasta la fecha. No obstante, distintas organizaciones sociales y ambientales —agrupadas desde marzo de 2026 en la Alianza por la Restauración de la Naturaleza— han denunciado falta de transparencia en la elaboración del plan y un compromiso desigual entre comunidades autónomas, en un contexto en el que, según datos del propio MITECO, solo el 9 % de los hábitats españoles se encuentra en buen estado de conservación. A estos retos de participación, disponibilidad de datos, financiación y coordinación entre administraciones se suma el cambio de ciclo político en la Comisión Europea y el creciente énfasis en vincular la naturaleza con los enfoques de competitividad y seguridad.

En este contexto, el presente análisis del panorama de políticas públicas sobre biodiversidad tiene como objetivo ofrecer una visión sistémica y actualizada de cómo se están abordando estos retos, así como identificar oportunidades y conexiones con otros sectores estratégicos.

De manera específica, el análisis se orienta a:

·        Analizar la situación actual de las políticas de biodiversidad en un contexto en el que la Comisión Europea vincula la restauración de la naturaleza con la seguridad alimentaria, hídrica y climática, así como con la competitividad, considerando riesgos físicos, dependencia de recursos y costes aseguradores, entre otros, y tomando como instrumento central el Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

·        Aterrizar las implicaciones para España, identificando los principales desafíos para responder a las nuevas obligaciones de restauración de ecosistemas y su articulación con instrumentos existentes, como el PEEPNB, así como con el diseño e implementación del Plan Nacional de Restauración.

·        Identificar los cuellos de botella para avanzar en el cumplimiento del marco político de conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad —en particular en materia de información, gobernanza y financiación— y reconocer oportunidades emergentes vinculadas a la innovación territorial, nuevos modelos de negocio y herramientas financieras.

La reflexión se articula en torno a tres mensajes transversales:

·        La restauración de la naturaleza como infraestructura de seguridad, clave para la protección frente a inundaciones, sequías y riesgos climáticos y alimentarios.

·        La restauración de la naturaleza como agenda de competitividad, al reducir riesgos para cadenas de valor estratégicas como la agroalimentación, el turismo, la energía o los seguros.

·        La restauración de la naturaleza como espacio de gobernanza, que exige coordinar de forma efectiva al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado, el sector financiero y la sociedad civil.

1.   Planificación de la biodiversidad en el nuevo ciclo europeo.

Un marco vinculante para la restauración

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1991 relativo a la restauración de la naturaleza incorpora por primera vez objetivos vinculantes y cuantificados de restauración aplicables al conjunto de los Estados miembros. La norma establece como objetivo general que las medidas de restauración cubran, de aquí a 2030, al menos el 20 % de las zonas terrestres y el 20 % de las zonas marinas de la Unión, y que en 2050 se hayan aplicado en todos los ecosistemas que necesiten restauración.

Este objetivo general se concreta mediante obligaciones diferenciadas para los ecosistemas terrestres, costeros, fluviales, marinos, urbanos, agrarios y forestales. En el caso de los tipos de hábitats protegidos que no se encuentran en buena condición, los Estados miembros deberán aplicar medidas de restauración al menos en el 30 % de su superficie para 2030, en el 60 % para 2040 y en el 90 % para 2050. Cuando sea necesario restablecer hábitats en zonas donde han desaparecido, los porcentajes ascienden al 30 %, 60 % y 100 %, respectivamente.

El Reglamento incorpora también objetivos relacionados con la conectividad fluvial, los ecosistemas urbanos, los polinizadores y la biodiversidad agraria y forestal. Entre ellos se encuentran restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre antes de 2030; evitar hasta ese año la pérdida neta de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana e incrementarlos posteriormente; invertir el declive de las poblaciones de polinizadores; y contribuir al compromiso europeo de plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales.

Más allá de las metas cuantitativas, la principal transformación reside en que la restauración deja de depender únicamente de proyectos voluntarios o actuaciones aisladas y pasa a formar parte de un marco estable de planificación pública. Los Estados deberán identificar los ecosistemas y superficies prioritarias, definir medidas, estimar las necesidades financieras y establecer sistemas de seguimiento que permitan comprobar sus resultados.

Del marco europeo a la planificación nacional

El Reglamento concede a los Estados un margen importante para determinar dónde, cómo y con qué instrumentos deben alcanzarse los objetivos. Por ello, el Plan Nacional de Restauración será el principal mecanismo para trasladar las obligaciones europeas a las características ecológicas, administrativas y territoriales de España.  Su elaboración requiere cuantificar las superficies sobre las que actuar, conocer el estado de los hábitats, seleccionar zonas prioritarias y establecer medidas adaptadas a los distintos ecosistemas. La selección deberá apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible y considerar aspectos como la conectividad, la adaptación al cambio climático, la prevención de desastres, la seguridad alimentaria y las relaciones entre los diferentes ecosistemas.

Este proceso plantea retos que van más allá de la conservación estrictamente ambiental. Entre ellos se encuentran la coordinación entre administraciones, la articulación con las políticas agrarias, forestales, hidrológicas, energéticas y urbanísticas, la titularidad y los usos del suelo, la disponibilidad de personal cualificado y la participación de quienes gestionan el territorio. También será necesario diferenciar entre las medidas que pueden integrarse en instrumentos existentes y aquellas que requieren nuevas capacidades, procedimientos o fuentes de financiación.

El Reglamento no puede resolver por sí solo las causas que provocan la degradación de los ecosistemas. En este sentido, el Plan Nacional de Restauración debe concebirse no solo como un documento de cumplimiento europeo, sino como un instrumento para ordenar prioridades, coordinar políticas y orientar inversiones.

El marco internacional de biodiversidad

El Reglamento europeo se inscribe en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022. Este marco establece 23 metas para 2030, entre ellas someter a restauración efectiva al menos el 30 % de los ecosistemas degradados y proteger el 30 % de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas. También plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para biodiversidad antes de 2030, procedentes de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales.

La COP16, concluida en febrero de 2025 tras su sesión reanudada en Roma, permitió alcanzar acuerdos sobre financiación, seguimiento, indicadores y revisión del progreso colectivo. La COP17, prevista del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván (Armenia), deberá revisar los avances en la aplicación del Marco Mundial y el grado de alineación de las estrategias nacionales con sus objetivos.

Este contexto refuerza la necesidad de conectar los planes nacionales de restauración con las estrategias de biodiversidad, los sistemas de seguimiento y los mecanismos de financiación. También sitúa en primer plano cuestiones como la reforma de incentivos perjudiciales, la movilización de recursos privados y la necesidad de garantizar salvaguardas ambientales y sociales en los instrumentos financieros emergentes.

Biodiversidad, seguridad y competitividad en el nuevo ciclo europeo

La Estrategia de la UE para la Biodiversidad 2030 continúa siendo el marco político central para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas. Entre sus compromisos se encuentra proteger al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina de la Unión, con una protección estricta de al menos un tercio de esas zonas.  Sin embargo, desde el inicio del ciclo institucional con la Agenda Estratégica de la Comisión Europea 2024-2029, la biodiversidad se está integrando en una agenda más amplia marcada por la competitividad, la seguridad y la preparación frente a riesgos. La Brújula para la Competitividad 2025, el Pacto por una Industria Limpia, la Estrategia de Preparación de la Unión Europea, la Visión sobre la Agricultura y Alimentación y la Estrategia europea de resiliencia hídrica reflejan este nuevo encuadre.

Este cambio ofrece una oportunidad para presentar la restauración como una inversión capaz de reducir riesgos y dependencias. Los ecosistemas funcionales sostienen la disponibilidad y calidad del agua, la fertilidad de los suelos, la polinización, la protección frente a inundaciones y erosión y la resiliencia de las cadenas agroalimentarias, turísticas e industriales. El propio Reglamento relaciona la restauración con la adaptación climática, la neutralidad en la degradación de las tierras y la seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, este nuevo encuadre exige cautela. El valor económico y estratégico de los ecosistemas puede reforzar el apoyo político a su restauración, pero no debe sustituir los objetivos de integridad ecológica ni reducir la naturaleza a los servicios que presta a la economía. El reto consiste en aprovechar las conexiones con la seguridad y la competitividad sin debilitar las obligaciones de conservación ni trasladar exclusivamente al mercado responsabilidades que corresponden a los poderes públicos.

Un entramado normativo más amplio

El Reglamento de Restauración debe aplicarse junto con un conjunto de políticas europeas que inciden directamente sobre el estado de los ecosistemas. Entre ellas se encuentran las directivas de Aves y Hábitats, la Estrategia de Biodiversidad 2030, la Estrategia de infraestructura verde de la UE, el Plan de acción «contaminación cero, la Estrategia Europea Forestal 2030 y Reglamento de la UE sobre especies exóticas invasoras.

En este marco debe incorporarse también la Directiva de Salud del Suelo, adoptada en septiembre de 2025, que establece el primer sistema común europeo para evaluar y vigilar el estado físico, químico y biológico de los suelos, así como para mejorar la gestión de los terrenos contaminados.

En el ámbito marino, la restauración debe coordinarse con la Directiva marco sobre la estrategia marina, orientada a alcanzar el buen estado ambiental, y con la ordenación del espacio marítimo, que organiza los diferentes usos y actividades del mar considerando sus efectos ecológicos, económicos y sociales.

Iniciativa de la UE sobre los polinizadores constituye otro ejemplo de esta articulación. La Iniciativa de la UE sobre los Polinizadores fue revisada en 2023 y continúa vigente, mientras que el Reglamento de Restauración introduce la obligación vinculante de invertir el declive de sus poblaciones antes de 2030 y mantener posteriormente una tendencia creciente.

2.   Articulación del Plan Nacional de Restauración con las políticas sectoriales

De la protección formal a la gestión y restauración efectivas

España afronta la elaboración del Plan Nacional de Restauración desde una posición singular. Cuenta con una elevada diversidad biológica, una extensa red de espacios protegidos y una amplia experiencia técnica y administrativa en conservación y restauración. Esta base constituye una ventaja para aplicar el Reglamento europeo, pero no elimina la brecha existente entre la protección formal del territorio y el estado efectivo de conservación de muchos ecosistemas.

El reto ya no consiste únicamente en ampliar la superficie protegida, sino en garantizar que los espacios dispongan de objetivos de conservación actualizados, medidas aplicadas, recursos suficientes y sistemas capaces de evaluar su efectividad. También será necesario reforzar la conectividad entre ellos y actuar sobre territorios degradados situados fuera de las áreas protegidas, donde se concentran buena parte de las presiones derivadas de los usos agrarios, urbanos, industriales y de las infraestructuras.

La Red Natura 2000 constituye una pieza central de este proceso. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad - PEEPNB prevé que en 2028 se hayan revisado los objetivos y las medidas del conjunto de las Zonas Especiales de Conservación y que en 2030 todos los espacios de la red evalúen regularmente la efectividad de las medidas adoptadas. Estos compromisos ofrecen una base directa para identificar prioridades y actuaciones dentro del Plan Nacional de Restauración.

La ampliación reciente de los espacios marinos protegidos muestra avances en la representación de ecosistemas marinos dentro de la red. Sin embargo, el siguiente paso es dotar a estos espacios de instrumentos de gestión, seguimiento y financiación suficientes. En este sentido, la declaración de nuevos espacios debe entenderse como el inicio de una política de gestión activa y no como su resultado final. En el ámbito marino, el país supera ya el 22,4 % de superficie protegida, tras la incorporación reciente de seis nuevos espacios que suman casi 1,7 millones de hectáreas —identificados a través del proyecto LIFE INTEMARES.

El PEEPNB como marco vertebrador

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 continúa siendo el principal marco estatal para ordenar las políticas de conocimiento, conservación, restauración, financiación y gobernanza de la biodiversidad. Sus ocho líneas prioritarias abarcan desde la generación de información y la recuperación de ecosistemas hasta la integración de la biodiversidad en las actividades económicas y el refuerzo institucional. El plan estima una inversión superior a 4.173 millones de euros hasta 2030, aunque varias de sus líneas dependen de presupuestos e instrumentos sectoriales que no siempre están identificados de forma separada.

Más que sustituir al PEEPNB, el Plan Nacional de Restauración deberá concretar territorialmente una parte de sus objetivos. Para ello tendrá que identificar qué medidas ya están previstas en los instrumentos existentes, cuáles deben ampliarse y qué actuaciones nuevas serán necesarias para cumplir el Reglamento europeo.

El PEEPNB contempla un informe intermedio de seguimiento y evaluación durante el primer semestre de 2026, centrado en el grado de implementación de sus líneas de actuación y en los indicadores de estado y tendencia de la biodiversidad. La relación entre esta evaluación y la elaboración del Plan Nacional de Restauración constituye una oportunidad para evitar sistemas paralelos y utilizar una base común de información, seguimiento e inversión.

La cuestión clave no es, por tanto, crear un nuevo nivel de planificación independiente, sino asegurar que el PNR se integre en la arquitectura existente y contribuya a reforzar su ejecución.

Infraestructura verde, conectividad y planificación territorial

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica (2021) proporciona el marco territorial más directamente relacionado con el futuro PNR. Su finalidad es identificar y conectar los elementos naturales y seminaturales que sostienen los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos, incorporándolos a la ordenación territorial, urbana, sectorial y marítima.

Su desarrollo exige coordinar las actuaciones de la Administración General del Estado con las estrategias autonómicas y con la planificación local. La publicación en 2026 de la tercera edición de la guía metodológica para identificar los elementos de la infraestructura verde supone un avance hacia una cartografía común y comparable entre administraciones.

Esta homogeneización es especialmente importante para el Plan Nacional de Restauración. La selección de las zonas prioritarias no debería basarse únicamente en la disponibilidad de suelo o de financiación, sino en criterios como: el estado de conservación; la conectividad ecológica; la reducción de presiones; la adaptación al cambio climático; la protección frente a riesgos; la posibilidad de recuperar procesos ecológicos a escala de paisaje.

La infraestructura verde permite, además, superar una concepción de la restauración limitada a espacios aislados. Su aplicación puede conectar zonas protegidas con territorios agrarios, forestales, fluviales, costeros y urbanos, integrando las actuaciones en una lógica territorial más amplia.

Agua, ríos y humedales

Los ecosistemas acuáticos constituyen uno de los ámbitos en los que la integración de políticas resulta más necesaria. La Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos, los planes de gestión del riesgo de inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y el Plan Estratégico de Humedales a 2030 comparten objetivos relacionados con la recuperación ecológica, la conectividad, la mejora de los regímenes hidrológicos y la reducción de riesgos.

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos se articula expresamente con los planes hidrológicos, los planes de gestión del riesgo de inundación, el PEEPNB, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, la Estrategia de Infraestructura Verde y el Plan Estratégico de Humedales. Sus actuaciones incluyen la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos, la mejora de los bosques de ribera, el control de especies invasoras y la eliminación o adaptación de barreras obsoletas.

El Plan Estratégico de Humedales a 2030 parte del reconocimiento de que estos ecosistemas continúan sometidos a procesos de pérdida y degradación y plantea medidas urgentes y continuadas para su conservación y recuperación. Su aplicación requiere integrar las necesidades hídricas de los humedales en la planificación hidrológica y actuar sobre las presiones que se originan fuera de sus límites formales.

Este ámbito evidencia que restaurar no significa únicamente intervenir físicamente sobre un espacio. También implica recuperar caudales, reducir extracciones y contaminación, ordenar los usos del suelo y favorecer dinámicas naturales. El PNR debería ayudar a coordinar estas medidas y evitar que las actuaciones de restauración convivan con presiones sectoriales que continúan degradando los ecosistemas.

Agricultura, ganadería y gestión forestal

Los ecosistemas agrarios y forestales ocupan una parte considerable del territorio y desempeñan un papel decisivo en la conectividad, el estado de los suelos, la disponibilidad de agua, la conservación de polinizadores y la prevención de incendios. Por ello, la implementación del Reglamento no puede limitarse a los espacios protegidos.

El Plan Estratégico para la Política Agrícola Común en España 2023-2027 (PEPAC) incorpora ecorregímenes y otras intervenciones ambientales, pero responde a una lógica de ayudas, requisitos y compromisos temporales distinta de la planificación de la restauración. El desafío consiste en determinar qué medidas agrarias pueden contribuir de manera verificable a los objetivos del PNR y qué modificaciones serán necesarias en el siguiente periodo de la PAC.

La restauración en paisajes agrarios requerirá la participación de agricultores, ganaderos y propietarios, así como incentivos que reconozcan los costes de gestión y los beneficios públicos generados. Elementos como los setos, linderos, pastizales extensivos, humedales temporales, bosques de ribera y mosaicos agroforestales pueden desempeñar un papel relevante en la conectividad y la recuperación de funciones ecológicas.

En el ámbito forestal, la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español 2022-2032 ofrecen instrumentos para integrar la conservación, la conectividad, la gestión adaptativa y la restauración. La aplicación del PNR debería reforzar la recuperación de ecosistemas forestales degradados y evitar que la restauración se reduzca a plantaciones, priorizando la diversidad estructural, la regeneración natural y la adaptación al clima futuro.

Energía, infraestructuras y ordenación territorial

La expansión de las energías renovables, las redes eléctricas, el transporte y otras infraestructuras introduce nuevas presiones sobre el suelo y la conectividad ecológica. La transición energética y la restauración de la naturaleza deben planificarse de forma coordinada para evitar que los avances en descarbonización generen impactos incompatibles con los objetivos de biodiversidad.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y los instrumentos de evaluación ambiental ofrecen una primera base para incorporar criterios de biodiversidad en la localización y diseño de las instalaciones. Sin embargo, resulta necesario avanzar hacia una planificación anticipada que identifique las áreas de mayor sensibilidad, las zonas compatibles y las oportunidades para restaurar espacios afectados por infraestructuras existentes.

En materia de transporte, la Estrategia de Desfragmentación de hábitats afectados por infraestructuras de transporte, aprobada en 2024, establece ocho ejes y 37 acciones para reducir el efecto barrera de carreteras y ferrocarriles y mejorar la conectividad territorial. Su Programa de Trabajo 2025-2029 puede contribuir directamente a los objetivos del PNR mediante la identificación de tramos prioritarios, la adecuación de pasos de fauna y la restauración de corredores interrumpidos.

La integración con la planificación urbana resulta igualmente necesaria. El Reglamento incorpora obligaciones específicas para los ecosistemas urbanos, por lo que las infraestructuras verdes y azules, la renaturalización, la recuperación de ríos urbanos y la ampliación de la cobertura arbórea deberán trasladarse a los instrumentos municipales de ordenación y gestión.

Medio marino y ordenación del espacio marítimo

La restauración marina debe coordinarse con las estrategias marinas, la política pesquera, la gestión de los espacios protegidos y los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. En febrero de 2026 se encontraba en elaboración el segundo ciclo de los POEM, cuya aprobación está prevista para 2027. Este proceso ofrece una oportunidad para incorporar desde el inicio las necesidades de restauración, conectividad y protección de hábitats en la distribución espacial de los usos marítimos.

La interacción entre conservación, pesca, navegación, eólica marina y otras actividades exige superar una planificación basada exclusivamente en la compatibilidad de usos. El PNR deberá identificar dónde es necesario reducir presiones, restaurar hábitats y asegurar la coherencia ecológica de la red de espacios marinos protegidos.

3.   Experiencia técnica, capacidades y transferencia de conocimiento

Una base de conocimiento amplia, pero dispersa

España cuenta con varias décadas de experiencia en restauración ecológica desarrollada por administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas, organizaciones ambientales y entidades de custodia del territorio. Esta trayectoria incluye actuaciones en ecosistemas fluviales, humedales, bosques, espacios agrarios, explotaciones mineras, zonas costeras y marinas y entornos urbanos.

El desarrollo del Plan Nacional de Restauración no parte, por tanto, de una ausencia de conocimiento técnico. El reto consiste en identificar qué experiencias responden realmente a los criterios del Reglamento europeo, conocer sus resultados, extraer aprendizajes comparables y trasladarlos a actuaciones de mayor escala.

La experiencia acumulada se encuentra distribuida entre administraciones, proyectos europeos, programas de investigación, consultoras, universidades y organizaciones sociales. Buena parte de la información permanece en memorias técnicas, informes finales o bases de datos sectoriales que no siempre son accesibles ni utilizan formatos comunes. Esta fragmentación dificulta conocer qué se ha restaurado, con qué metodología, a qué coste y con qué resultados a medio y largo plazo.

Referencias metodológicas y criterios comunes

España dispone de documentos técnicos que ofrecen una base para ordenar este conocimiento. Entre ellos se encuentran la Guía práctica de Restauración Ecológica (2018), y las Directrices y criterios para la restauración ecológica en España (2025), incorporadas por el MITECO a la documentación de apoyo para la elaboración del Plan Nacional de Restauración.

Estas referencias permiten avanzar hacia una comprensión compartida de la restauración como un proceso orientado a recuperar la composición, estructura, funcionalidad y capacidad de adaptación de los ecosistemas. También ayudan a diferenciarla de actuaciones que pueden producir mejoras ambientales, pero que no necesariamente abordan las causas de degradación ni recuperan procesos ecológicos.

El Plan Nacional de Restauración ofrece la oportunidad de consolidar unos criterios básicos comunes para el diseño y evaluación de las actuaciones. Estos mínimos deberían abarcar: diagnóstico del ecosistema y de las causas de degradación; definición de objetivos y condiciones de referencia; selección de medidas adaptadas al contexto; participación de las personas y sectores implicados; seguimiento mediante indicadores ecológicos y socioeconómicos; gestión adaptativa; mantenimiento y financiación a largo plazo.

La homogeneización de criterios no debe traducirse en soluciones idénticas para todos los territorios. La restauración depende de las condiciones ecológicas, climáticas, sociales y productivas de cada espacio. Los estándares comunes deben facilitar la calidad, la comparación y el aprendizaje, pero mantener margen suficiente para adaptar las actuaciones.

Del inventario de proyectos al aprendizaje colectivo

La elaboración de un repositorio nacional de actuaciones podría desempeñar un papel relevante para reunir el conocimiento existente. Para que resulte útil, no debería limitarse a localizar proyectos o contabilizar superficies. Tendría que incorporar información sobre: situación inicial; objetivos; técnicas aplicadas; actores participantes; inversión y fuentes de financiación; indicadores y duración del seguimiento; resultados ecológicos; necesidades de mantenimiento; dificultades y lecciones aprendidas.

Hasta mayo de 2026, la plataforma se encontraba pendiente de materialización pública. Su diseño debería coordinarse con el Banco de Datos de la Naturaleza, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y los sistemas de información de las comunidades autónomas, evitando crear una base aislada o dependiente de aportaciones voluntarias difíciles de mantener.

La experiencia de los inventarios sectoriales muestra la importancia de mejorar la documentación. La recopilación de actuaciones de restauración de humedales identificó cerca de 700 proyectos desarrollados durante dos décadas, pero únicamente pudo seleccionar 78 para un análisis detallado, en buena medida por la falta de información suficiente.

El futuro repositorio debería recoger tanto experiencias exitosas como actuaciones que no alcanzaron los resultados previstos. La publicación selectiva de casos de éxito puede producir una visión incompleta y favorecer la repetición de errores. El conocimiento sobre mortalidad de plantaciones, costes de mantenimiento, conflictos territoriales, fallos de diseño o respuesta insuficiente de los ecosistemas resulta tan útil como la identificación de buenas prácticas.

El aprendizaje generado por el PRTR

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto una ampliación significativa de las actuaciones relacionadas con restauración, infraestructura verde, renaturalización urbana, gestión fluvial y conocimiento de la biodiversidad. Las convocatorias gestionadas por la Fundación Biodiversidad financiaron más de 350 proyectos, muchos de los cuales finalizaron durante 2025. Para 2026 se planteó como prioridad evaluar y transferir el conocimiento generado.

Este cierre de ciclo ofrece una oportunidad para responder a preguntas que van más allá de la ejecución presupuestaria: ¿Qué resultados ecológicos se han obtenido? ¿Qué proyectos han logrado continuar después de la ayuda? ¿Qué modelos de gobernanza han funcionado mejor? ¿Qué barreras han limitado la ejecución? ¿Qué actuaciones pueden replicarse o ampliarse? ¿Qué capacidades técnicas y profesionales se han consolidado?

La evaluación debería permitir diferenciar entre proyectos demostrativos y modelos realmente escalables. Una actuación puede ser eficaz en un espacio concreto, pero requerir otras condiciones para aplicarse a escala de paisaje, cuenca o región biogeográfica.

Escalar sin replicar mecánicamente

Pasar de proyectos piloto a programas territoriales de restauración no significa reproducir una misma intervención en más lugares. El escalado requiere conectar actuaciones, abordar las causas de degradación y coordinar la restauración con la gestión del agua, los usos agrarios y forestales, las infraestructuras y la ordenación territorial.

Experiencias como los marcos de actuación de Doñana y del Mar Menor muestran una evolución hacia intervenciones que combinan restauración ambiental, recuperación hidrológica, seguimiento científico, colaboración administrativa y medidas socioeconómicas. Aunque sus resultados deberán evaluarse a largo plazo, representan una aproximación más sistémica que la suma de proyectos independientes.

El Plan Nacional de Restauración debería favorecer este cambio de escala mediante: prioridades territoriales; carteras de proyectos conectados; financiación plurianual; estructuras estables de coordinación; seguimiento compartido; participación de propietarios y sectores productivos; mecanismos para adaptar las medidas según los resultados.

4.   Gobernanza multinivel y mecanismos de implementación

Un reto de coordinación y ejecución territorial

La aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza plantea un desafío especialmente relevante para España debido a la distribución de competencias entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El Estado deberá presentar el Plan Nacional de Restauración y garantizar su coherencia con el marco europeo, mientras que una parte sustancial de las competencias de planificación, gestión y ejecución corresponde a las comunidades autónomas y, en determinados ámbitos, a los gobiernos locales.

La gobernanza no puede limitarse, por tanto, a un proceso de consulta previo a la aprobación del plan. Será necesario establecer mecanismos estables para acordar prioridades, distribuir responsabilidades, coordinar presupuestos, compartir información y evaluar los resultados. También deberán definirse procedimientos para resolver discrepancias cuando los objetivos de restauración entren en tensión con otros usos del territorio.

La eficacia del PNR dependerá de que exista una correspondencia clara entre: objetivos; administraciones responsables; instrumentos de planificación; fuentes de financiación; plazos; indicadores de seguimiento. Sin esta relación, existe el riesgo de que el plan establezca metas nacionales cuya ejecución quede dispersa entre distintos instrumentos y administraciones.

La coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas

España dispone de una arquitectura institucional previa que puede utilizarse para acompañar la elaboración y aplicación del plan. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad funciona como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y cuenta con comités especializados en materias como espacios protegidos, humedales, flora y fauna, gestión forestal e incendios.

Este marco permite aprovechar estructuras existentes y evitar la creación de órganos paralelos. No obstante, el alcance transversal del PNR puede requerir reforzar la coordinación con ámbitos que tradicionalmente han trabajado de forma separada, como: agricultura; agua; energía; infraestructuras; urbanismo; gestión costera y marina; hacienda y financiación pública.

La gobernanza también deberá reconocer la diversidad territorial. Las necesidades de restauración, los sistemas de propiedad, las presiones y las capacidades administrativas varían entre regiones biogeográficas, comunidades autónomas, islas, territorios rurales y áreas metropolitanas. El Reglamento permite considerar estas condiciones regionales y locales, siempre que se garantice el cumplimiento conjunto de los objetivos.

El papel de las entidades locales

Las entidades locales tendrán un papel especialmente relevante en los ecosistemas urbanos, la infraestructura verde, la restauración de ríos y espacios periurbanos y la ordenación del suelo. También son la administración más próxima a la población y pueden facilitar procesos de participación, mantenimiento y vigilancia de las actuaciones.

Sin embargo, muchos municipios —especialmente los de menor tamaño— no disponen de personal especializado, recursos financieros estables o información suficiente para incorporar la restauración a sus instrumentos de planificación. La aplicación del PNR debería prever mecanismos de asistencia técnica, cooperación supramunicipal y acceso simplificado a financiación.

También será necesario articular los objetivos nacionales con instrumentos locales como: planes generales de ordenación; estrategias de infraestructura verde; planes de adaptación; ordenanzas de gestión de zonas verdes; planes de movilidad y regeneración urbana; planificación de riesgos e inundaciones.

La restauración urbana no debería plantearse como una suma de actuaciones ornamentales, sino como una política conectada con la biodiversidad, la adaptación climática, la salud y la cohesión territorial.

De la consulta pública a la participación continuada

El Reglamento establece que la elaboración de los planes nacionales debe realizarse mediante un proceso abierto, transparente, inclusivo y eficaz. También señala la necesidad de implicar a autoridades locales y regionales, personas propietarias y usuarias de la tierra, organizaciones sociales, empresas, comunidad científica, agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores e inversores.

En España, el proceso impulsado por el MITECO ha combinado grupos de trabajo con administraciones, sectores económicos, organizaciones ambientales y comunidad científica, junto con una consulta ciudadana abierta. Esta última recibió 26.543 respuestas válidas entre enero y marzo de 2026.

La amplitud de la participación constituye un activo, pero su valor dependerá de cómo se integren las aportaciones en el plan. Para reforzar la confianza, sería conveniente que el PNR explique: qué propuestas se han incorporado; cuáles no se han considerado y por qué; cómo se han conciliado intereses divergentes; qué espacios de participación continuarán durante la ejecución; cómo podrán revisarse las medidas según los resultados.

La participación debería mantenerse más allá de la aprobación del documento. La ejecución de actuaciones concretas puede generar conflictos relacionados con los usos del suelo, la propiedad, el agua, las actividades productivas o la distribución de costes y beneficios. Abordarlos de forma temprana resulta más eficaz que intentar resolverlos cuando los proyectos ya están definidos.

Propietarios, gestores y sectores vinculados al territorio

Una parte relevante de las actuaciones deberá desarrollarse en terrenos privados o en espacios sometidos a usos agrarios, forestales, ganaderos y pesqueros. Por ello, la aplicación del plan requerirá la participación activa de quienes poseen, utilizan y gestionan estos territorios.

El Reglamento reconoce esta dimensión y establece que el enfoque debe ser justo para el conjunto de la sociedad. En determinadas medidas, como la rehumectación de turberas agrícolas, aclara además que la participación de agricultores y propietarios privados será voluntaria y deberá apoyarse mediante incentivos, asesoramiento y formación.

La implicación territorial dependerá de que las medidas: sean comprensibles y técnicamente viables; ofrezcan estabilidad a largo plazo; reconozcan los costes de adaptación y mantenimiento; sean compatibles con actividades productivas sostenibles; distribuyan de forma equilibrada beneficios y responsabilidades.

En este contexto, la restauración no debería plantearse como una intervención diseñada exclusivamente desde la Administración o la comunidad científica, sino como un proceso que combine criterios ecológicos con conocimiento local y capacidad de gestión.

La custodia del territorio como herramienta de colaboración

La custodia del territorio constituye una de las herramientas más consolidadas para establecer acuerdos voluntarios entre propietarios, entidades de custodia y otros actores interesados en la conservación y restauración.

El  7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España (2020-2023) recoge 4.632 acuerdos impulsados por 268 entidades y una superficie superior a las 700.000 hectáreas. Cerca del 70 % de las iniciativas se encuentra georreferenciado y el inventario incorpora información sobre financiación, planes de gestión y productos o servicios generados en las fincas.

Su principal aportación al PNR reside en la capacidad para: facilitar actuaciones sobre propiedad privada; mantener relaciones de largo plazo; incorporar conocimiento del territorio; implicar a organizaciones locales; conectar conservación y actividad productiva; movilizar recursos públicos y privados.

No obstante, el número de acuerdos o la superficie cubierta no permiten, por sí solos, valorar su contribución ecológica. Para integrarlos en el PNR será necesario conocer sus objetivos, duración, medidas de gestión, seguimiento y resultados.

La custodia puede ser un mecanismo de implementación del plan, pero no debe convertirse en una vía para trasladar responsabilidades públicas a entidades que dependen de convocatorias temporales o cuentan con recursos limitados.

Colaboración con el sector empresarial

Las empresas intervienen en la restauración desde diferentes posiciones: como titulares o gestoras de suelo, responsables de impactos, contratistas, proveedoras de soluciones, financiadoras o usuarias de servicios ecosistémicos. Por ello, la colaboración empresarial debe superar una visión centrada únicamente en el patrocinio de proyectos.

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB) ofrece un espacio para el diálogo público-privado, la formación y el desarrollo de herramientas destinadas a incorporar la naturaleza a la gestión corporativa. Sus líneas de trabajo incluyen restauración y conservación, custodia del territorio, naturaleza y finanzas, turismo y cadenas de suministro.

El PNR puede proporcionar un marco para orientar la contribución empresarial hacia prioridades públicas, siempre que se respeten algunos principios: prevención y reducción de impactos antes que compensación; adicionalidad de las actuaciones; metodologías e indicadores verificables; transparencia sobre la financiación y los resultados; permanencia de las medidas; ausencia de doble contabilización; coherencia con los objetivos territoriales del plan.

La colaboración privada puede ampliar capacidades y recursos, pero no debe sustituir la financiación pública estructural ni permitir que actuaciones voluntarias compensen automáticamente daños producidos en otros territorios.

Rendición de cuentas y revisión adaptativa

Una gobernanza efectiva requiere mecanismos de rendición de cuentas. El Plan Nacional de Restauración deberá explicar cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se realizará el seguimiento y de qué manera se incorporarán los resultados a sus revisiones posteriores.

El plan también deberá incluir un resumen del proceso de participación y explicar cómo se han considerado las necesidades de las comunidades locales y de las partes interesadas.

Además de los informes exigidos por el Reglamento, sería conveniente disponer de: información pública sobre las medidas aprobadas; localización y estado de ejecución de las actuaciones; presupuestos y fuentes de financiación; resultados de seguimiento; modificaciones adoptadas; mecanismos para presentar observaciones o alertas.

La restauración es un proceso de largo plazo cuyos resultados no siempre pueden anticiparse. Por ello, la gobernanza debe permitir adaptar las medidas según la evolución de los ecosistemas, el conocimiento generado y las condiciones climáticas y territoriales.

5.   Financiación de la restauración: de los fondos extraordinarios a un modelo estable

Una brecha que no se resuelve únicamente con nuevos fondos

La financiación constituye uno de los principales condicionantes para implementar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. La norma no crea un fondo europeo específico, aunque exige que los planes nacionales identifiquen las necesidades financieras, los medios de financiación disponibles y los apoyos previstos para las partes interesadas.

La inversión en restauración puede generar beneficios elevados mediante la recuperación de servicios ecosistémicos, la reducción de daños provocados por inundaciones, sequías e incendios, la mejora de la productividad agraria y la protección de las infraestructuras y actividades económicas. La Comisión Europea estima que la inversión en restauración de la naturaleza suma entre 8 y 38 euros en valor económico a cada euro gastado, dependiendo del ecosistema, la intervención y los efectos contabilizados.

Estos retornos no eliminan, sin embargo, las dificultades para financiar las actuaciones. Muchos beneficios son públicos, se producen a largo plazo o no generan ingresos directos para la entidad que realiza la inversión. Por ello, la restauración requiere una base de financiación pública capaz de cubrir actuaciones cuyos beneficios se distribuyen entre el conjunto de la sociedad.

La cuestión central no es únicamente cuánto dinero nuevo debe movilizarse, sino cómo alinear el conjunto de los flujos públicos y privados. Financiar proyectos de restauración mientras se mantienen incentivos que favorecen la degradación del suelo, la sobreexplotación del agua o la fragmentación de los hábitats reduce la efectividad del gasto y eleva las necesidades futuras.

El presupuesto europeo después de 2027

La propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, presentada por la Comisión en julio de 2025, plantea una transformación profunda de la arquitectura presupuestaria europea. El nuevo modelo busca reducir el número de programas, aumentar la flexibilidad y concentrar parte de los recursos en planes nacionales y regionales y en un Fondo Europeo de Competitividad. En mayo de 2026, la propuesta continuaba en fase de negociación.  La Comisión propone que al menos el 35 % del presupuesto contribuya a objetivos climáticos y ambientales. Esta integración puede ampliar las posibilidades de financiación de la restauración, pero también dificulta identificar qué parte del gasto se destinará específicamente a biodiversidad. El porcentaje engloba ámbitos tan diferentes como mitigación y adaptación climática, agua, contaminación, economía circular y naturaleza.

La reconfiguración del Programa LIFE representa uno de los principales debates. La propuesta no mantiene un programa autónomo con la estructura actual, sino que distribuye sus actividades entre instrumentos más amplios. Esto puede facilitar la integración de la biodiversidad en las políticas regionales, agrarias y de competitividad, pero también entraña el riesgo de perder especialización, continuidad y visibilidad presupuestaria.

En este contexto, el reto para España será garantizar que los objetivos del Plan Nacional de Restauración se traduzcan en prioridades concretas dentro de los futuros instrumentos europeos y de los presupuestos estatales y autonómicos. La integración transversal de la biodiversidad solo será efectiva si se acompaña de objetivos cuantificados, criterios de elegibilidad, indicadores y mecanismos de seguimiento.

La experiencia del Plan de Recuperación

El  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto un incremento extraordinario de los recursos destinados a biodiversidad y restauración. Su componente 4 cuenta con 1.642 millones de euros y comprende inversiones en conocimiento, conservación, restauración de ecosistemas, infraestructura verde y gestión forestal sostenible.  El PRTR ha demostrado que la disponibilidad de financiación y la definición de hitos concretos pueden acelerar la ejecución de actuaciones. También ha permitido ampliar la escala de proyectos, reforzar equipos, movilizar entidades locales y organizaciones sociales y desarrollar experiencias de renaturalización urbana, restauración fluvial y recuperación de ecosistemas.

Sin embargo, su carácter temporal plantea varios interrogantes: cómo se mantendrán las actuaciones una vez finalizada la financiación; quién asumirá los costes de seguimiento y gestión; cómo se conservarán las capacidades profesionales creadas; qué proyectos podrán ampliarse o replicarse; y cómo se incorporarán sus resultados al Plan Nacional de Restauración.

El aprendizaje principal es que la financiación de la restauración no puede depender únicamente de convocatorias extraordinarias. Las actuaciones requieren preparación, ejecución, mantenimiento y seguimiento durante periodos que superan ampliamente los calendarios presupuestarios habituales.

Créditos de naturaleza: oportunidad e incertidumbre

La Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza, publicada por la Comisión en julio de 2025, busca explorar instrumentos que recompensen a agricultores, silvicultores, pescadores, propietarios y comunidades por actuaciones verificables de conservación y restauración.

El instrumento se encuentra todavía en una fase de desarrollo. Antes de su aplicación a gran escala será necesario resolver cuestiones relacionadas con: unidades de medida; condiciones de referencia; adicionalidad; permanencia; fugas y desplazamiento de impactos; derechos sobre los créditos; participación de las comunidades; costes de certificación; registro y prevención de doble contabilidad.

También debe aclararse la diferencia entre financiar una actuación positiva y compensar un impacto negativo. Los créditos pueden canalizar inversión hacia la restauración sin convertirse necesariamente en mecanismos de compensación.

En España, su desarrollo debería vincularse con las prioridades territoriales del PNR y con los sistemas públicos de datos y seguimiento. La creación de mercados paralelos, con metodologías incompatibles o resultados difíciles de verificar, podría aumentar la financiación nominal sin garantizar mejoras ecológicas reales.

Información empresarial y riesgos relacionados con la naturaleza

La información corporativa es relevante para que empresas, entidades financieras e inversores puedan identificar dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. La Directiva 2022/2464/UE de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), Directiva (UE) 2024/1760 de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD), los estándares ESRS, la Taxonomía de la UE para actividades sostenibles, Reglamento (UE) 2019/2088 de Divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero (SFDR) y el marco Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) han contribuido a desarrollar esta agenda.

No obstante, la Directiva (UE) 2026/470 ha reducido de forma significativa el número de empresas sujetas a obligaciones europeas de reporting y diligencia debida. La CSRD se aplica a empresas con más de 1.000 personas empleadas y más de 450 millones de euros de facturación neta anual, mientras que la CSDDD se limita a empresas con más de 5.000 personas empleadas y 1.500 millones de euros de facturación.

La simplificación reduce cargas administrativas, pero también puede disminuir la información comparable disponible sobre biodiversidad y cadenas de valor. El reto será evitar que las empresas de menor tamaño reciban solicitudes desproporcionadas y, al mismo tiempo, facilitarles herramientas voluntarias y sectoriales que les permitan comunicar información relevante.

En España, el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad seguía en mayo de 2026 en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia. Su adaptación al nuevo marco europeo será necesaria para aportar seguridad jurídica y clarificar el calendario y alcance de las obligaciones.

A escala internacional, TNFD continúa ofreciendo un marco voluntario para identificar y divulgar cuestiones relacionadas con la naturaleza, mientras que el ISSB ha iniciado el desarrollo de requisitos específicos apoyándose en sus recomendaciones. Esta convergencia puede facilitar una base común, aunque todavía persisten diferencias de alcance y materialidad entre los marcos europeos e internacionales.

Reorientar incentivos y reconocer los servicios ecosistémicos

Cerrar la brecha financiera no depende únicamente de crear nuevos instrumentos. También exige revisar las subvenciones, inversiones e incentivos que generan impactos perjudiciales para la biodiversidad.

El PEEPNB contempla identificar y reorientar estos incentivos, pero todavía no existe una evaluación estatal integral que permita conocer su volumen, efectos y posibles alternativas. Los análisis elaborados por organizaciones sociales y programas internacionales han contribuido a visibilizar el problema, aunque utilizan metodologías y perímetros diferentes que deben explicarse al presentar sus resultados. En 2024, la iniciativa BIOFIN-PNUD publicó La naturaleza de los subsidios, un marco metodológico para evaluar y reformar estos incentivos. En 2025, Greenpeace España publicó el informe De subvenciones tóxicas a inversiones responsables, que estima que en 2024 se destinaron aproximadamente 23.330 millones de euros en subvenciones públicas a proyectos perjudiciales para el medio ambiente, concentradas en los sectores agrícola, transporte y energético, y denuncia la falta de transparencia y de una estrategia estatal para eliminarlos. Hay avances en conocimiento y en sistemas de seguimiento y contabilidad del capital natural, pero no en la reforma de subsidios, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la política ambiental española.

El PEEPNB también contempla el desarrollo de mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA) y la reserva de al menos el 1 % del presupuesto de obra pública para acciones de conservación. Aunque no se han producido avances normativos estatales significativos, comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña han incorporado instrumentos de compensación ambiental e incentivos ligados a la gestión sostenible que operan de facto como PSA, sin que exista todavía un marco estatal común. Esta fragmentación resume una de las principales asignaturas pendientes de la política de biodiversidad española: pasar del conocimiento y las experiencias piloto a una reforma estructural de incentivos alineada con los objetivos de restauración.

Estos mecanismos pueden resultar especialmente relevantes para mantener actuaciones en terrenos agrarios, forestales y rurales, siempre que no remuneren el mero cumplimiento de obligaciones legales ni generen derechos permanentes para degradar otros espacios.

6.   Seguimiento, datos y evaluación

Del conocimiento de partida a la evaluación de las medidas

La implementación del Plan Nacional de Restauración requiere disponer de información suficiente para identificar los ecosistemas degradados, seleccionar las áreas prioritarias, diseñar las medidas y comprobar sus resultados. El reto no consiste únicamente en aumentar el volumen de datos, sino en garantizar que sean comparables, actualizados, accesibles y útiles para la toma de decisiones.

El Reglamento de Restauración establece obligaciones específicas de seguimiento para los hábitats y ecosistemas incluidos en su ámbito de aplicación. España deberá controlar, entre otros aspectos, el estado de los hábitats sometidos a restauración, los espacios verdes y la cubierta arbórea urbana, los indicadores de los ecosistemas agrarios y forestales, las poblaciones de aves comunes y polinizadores y la eliminación de barreras a la conectividad fluvial.

El seguimiento deberá comenzar desde la aplicación de las medidas y mantenerse durante periodos suficientes para conocer su evolución. Esta dimensión resulta especialmente importante porque los resultados ecológicos pueden tardar años en manifestarse y no siempre responden de forma lineal a las intervenciones.

La arquitectura nacional de información

España dispone de una infraestructura amplia de información ambiental encabezada por el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el Banco de Datos de la Naturaleza. El Inventario integra catálogos, listados, inventarios e indicadores sobre la distribución, abundancia, estado y aprovechamiento de los elementos del patrimonio natural, mientras que el Banco de Datos armoniza, analiza y difunde esta información.

El PEEPNB prevé desarrollar un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento, alimentado por los programas estatales y autonómicos y conectado con el Banco de Datos. Entre sus objetivos se encuentra que en 2030 ningún hábitat o especie de interés comunitario tenga un estado de conservación desconocido.

El PNR debería aprovechar esta arquitectura y evitar la creación de circuitos paralelos. Para ello será necesario: definir modelos comunes de datos; acordar responsabilidades de actualización; mejorar la interoperabilidad con las comunidades autónomas; integrar información terrestre, marina y de aguas continentales; vincular actuaciones, financiación y resultados; asegurar la disponibilidad de metadatos y metodologías.

La información debe permitir pasar de una colección de inventarios sectoriales a una lectura integrada de la evolución de los ecosistemas y del efecto de las políticas.

Interoperabilidad y acceso público

El intercambio de información entre administraciones constituye uno de los principales retos. Los datos proceden de organismos estatales, comunidades autónomas, entidades locales, universidades, proyectos de investigación, empresas y organizaciones sociales. Presentan diferencias en sus escalas, periodicidad, metodologías y condiciones de acceso.

Estrategia de Biodiversidad y Ciencia plantea reforzar la interoperabilidad con el Banco de Datos de la Naturaleza y mejorar las herramientas tecnológicas para integrar información terrestre y marina.

A escala europea, el Sistema Europeo de Información sobre Biodiversidad (BISE) funciona como punto de acceso a datos y conocimiento sobre biodiversidad, mientras que el Espacio Europeo de Datos del Pacto Verde (Green Deal Data Space o GDDS) continúa desarrollándose mediante diferentes proyectos. El GDDS se rige por los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) y se implementará a través del proyecto SAGE —Espacio de datos para una Europa verde y sostenible—, apoyándose en los resultados de la iniciativa GREAT sobre gobernanza de la innovación responsable. Un caso de uso relevante es el proyecto sobre compensaciones entre naturaleza y servicios ecosistémicos (NECST).

Para España, la prioridad debería ser asegurar que la información relacionada con el PNR sea: localizable; accesible; interoperable; reutilizable; comprensible; y trazable hasta su fuente y metodología.

El MITECO está trabajando en la creación de una plataforma pública de proyectos de restauración que recogerá las actuaciones impulsadas por administraciones, empresas y entidades sociales, incluyendo su localización, metodología y resultados. Este repositorio nacional —pendiente aún de materializarse— permitirá visibilizar los avances, facilitar el aprendizaje colectivo entre territorios y mejorar la planificación de la siguiente fase del Plan Nacional de Restauración.